El Gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto de ley conocido como «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo e impulsado especialmente por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. La iniciativa ya tuvo tratamiento en comisiones del Senado y, tras un pedido de la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, se postergó su tratamiento hasta la sesión del 6 de agosto. Los ejes principales.

Según el texto al que accedieron distintos medios, las reformas se concentran en cuatro ejes:

  1. Desalojo exprés,
  2. Límites a las ocupaciones,
  3. Responsabilidad civil de los ocupantes
  4. Facultades de las fuerzas de seguridad.

A esto se suma un capítulo sobre tierras rurales: el proyecto discute que sean las provincias, y no la Nación, las que definan los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, eliminando la restricción nacional vigente del 15%. También se abordan cambios en materia de expropiaciones y en el control de recursos considerados estratégicos.Otro punto es la modernización registral: la propuesta impulsa cambios en la Ley de Propiedad Inmueble, apuntando a mayor digitalización de los procesos, reducción de plazos y mayor integración entre Nación y provincias.

El antecedente: la ley de expropiaciones

Este proyecto se enmarca en una agenda más amplia que arrancó meses antes. En marzo, Milei ya había anunciado un cambio a la Ley de Expropiaciones, argumentando el caso YPF: sostuvo que una resolución judicial adversa le hubiera costado al país 18.000 millones de dólares y afirmó que buscaba que «la propiedad privada» nunca más pudiera «ser puesta en tela de juicio» en el país.

Las voces a favor

Sectores afines al oficialismo sostienen que la iniciativa fortalece un pilar constitucional. Un editorial reciente plantea que la propiedad privada es uno de los pilares de la Constitución Nacional y de la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones, generar empleo y promover el desarrollo, y vincula el debate con la protección de activos estratégicos nacionales frente a nuevas formas de pérdida de soberanía que no pasan por lo territorial.

Las críticas

Del otro lado, distintas voces —incluidas cooperativas y organizaciones sociales— cuestionan duramente el proyecto. Un análisis crítico sostiene que la norma desmantela la Ley de Expropiaciones, afecta a empresas recuperadas mediante desalojos acelerados y termina validando la acumulación de tierras y recursos por parte de actores poderosos, en lo que describen como una ley que, más que proteger al ciudadano común, golpea a la propiedad pública y social.

En el propio Senado, la oposición manifestó distintos cuestionamientos a la iniciativa durante el debate en comisiones y anticipó la elaboración de un dictamen propio, frente a las modificaciones que el oficialismo, a través de Bullrich, buscaba incorporar para avanzar con la firma de un dictamen de mayoría.

Estado actual

El proyecto todavía no tiene los votos asegurados: avanza en la Cámara de Senadores pero, hasta el momento del debate en comisiones, no contaba con los votos necesarios, en un contexto de falta de consenso político. Se espera que la discusión se retome formalmente en la sesión del 6 de agosto.